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El retorno de Tomás Yarrington

Por Luis Enrique Arreola Vidal.

En México, la justicia no se persigue: se simula. Y pocas historias lo demuestran con tanta crudeza como el retorno de Tomás Yarrington Ruvalcaba y el grito de Doña Carlota.

El exgobernador de Tamaulipas, deportado en abril de 2025 tras cumplir siete años en una prisión estadounidense por lavado de dinero, enfrenta ahora un proceso judicial mexicano que parece más un ritual que un juicio.

Al mismo tiempo, Doña Carlota, una ciudadana común convertida en símbolo, encarna la desesperación de un pueblo abandonado por un sistema que no protege, no investiga y no castiga.

Juntos, estos casos dibujan el retrato de un México donde la justicia es un lujo inalcanzable, y la impunidad, una herida que divide a la nación.

Yarrington: un proceso bajo la lupa
El regreso de Yarrington no es solo el epílogo de un expediente judicial; es un reflector sobre un sistema que promete verdad, pero entrega dudas.

Durante los noventa y dosmiles, Tamaulipas fue un tablero donde el poder político y el crimen organizado jugaban en tándem.

Yarrington, entonces gobernador y fugaz aspirante presidencial del PRI, navegó esas aguas turbulentas.

En 2006, como parte del TUCOM (Todos Unidos Contra Madrazo), soñó con Los Pinos, pero el PRI lo descartó en una lucha interna que dinamitó al partido. La elección más reñida de la historia dejó a Felipe Calderón en el poder y a Yarrington en la mira de acusaciones que lo seguirían por décadas.

Hoy, enfrenta cargos en México por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero el proceso es un rompecabezas incompleto: testigos clave están muertos o desaparecidos, las pruebas son cuestionadas y, en enero de 2024, un juez federal desechó una orden de aprehensión por errores procesales de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras 15 años de investigación, la FGR no ha logrado construir un caso sólido.

¿Es esto torpeza burocrática o un cálculo deliberado? En México, la respuesta suele ser ambas.

No se trata aquí de afirmar si Yarrington es culpable o inocente.

Esa es una pregunta que el sistema judicial debe responder con hechos, no con rumores. Pero el proceso en su contra plantea interrogantes más grandes: ¿puede un sistema que pierde testigos, extravía pruebas y redacta acusaciones defectuosas ofrecer justicia?

La defensa de Yarrington argumenta doble incriminación, prisión ya cumplida y un expediente frágil.

La FGR, por su parte, enfrenta el desafío de probar lo que no ha probado en tres sexenios. Si el caso avanza, será menos por evidencia que por presión mediática o agendas políticas. Y eso no es justicia: es teatro.

Doña Carlota: la justicia que el pueblo reclama, mientras los tribunales juegan al ajedrez con Yarrington, en las calles de México la justicia ha dejado de ser una esperanza para convertirse en un acto de supervivencia.

Doña Carlota, una mujer cualquiera empujada al borde por la inacción del Estado, tomó la justicia en sus manos.

No fue un capricho: fue la respuesta a una fiscalía que archiva denuncias, a una policía que mira al otro lado, a un sistema que protege mejor a los criminales que a las víctimas.

Su historia no es solo suya; es la de miles que, ante el silencio de las autoridades, han tenido que decidir entre la resignación y la acción.

Doña Carlota divide a México. Para algunos, es un faro de resistencia, la prueba de que el pueblo puede llenar el vacío que el Estado abandona.

Para otros, es una advertencia del caos que surge cuando la ley se reemplaza por la voluntad individual.

Pero nadie niega lo que la creó: un sistema de justicia que no funciona.

Según el Índice Global de Impunidad 2024, el 95% de los delitos en México quedan sin castigo.

Las fiscalías están desbordadas o corrompidas, los jueces operan bajo presión política o amenazas, y la policía, con demasiada frecuencia, es cómplice del delito.

En ese desierto, Doña Carlota no eligió ser juez ni verdugo: el sistema la obligó.

Su caso no está solo. Recordemos a las madres de desaparecidos que excavan fosas clandestinas porque las autoridades no lo hacen. O a las comunidades indígenas que forman autodefensas para protegerse de cárteles que la policía ignora.

Cada una de estas historias es un grito contra un sistema que falla en lo básico: garantizar seguridad y justicia.

Doña Carlota no es una anomalía; es el reflejo de un México donde la ley es un privilegio, no un derecho.

Un sistema en bancarrota Yarrington y Doña Carlota no son opuestos: son síntomas de la misma enfermedad.

Uno representa un proceso judicial atrapado en tecnicismos y sospechas de manipulación; la otra, una ciudadanía que, al no encontrar justicia en las instituciones, la busca con sus manos.

Juntos, exponen un sistema en bancarrota moral y operativa. No es solo que la FGR no pueda armar un caso contra un exgobernador tras 15 años; es que no puede garantizarle a una madre que el asesino de su hijo enfrentará un juicio.

No es solo que los testigos desaparezcan en casos de alto perfil; es que las denuncias ciudadanas se pierden en escritorios polvorientos.

Otros casos lo confirman. Pensemos en el escándalo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde una “verdad histórica” se desmoronó por investigaciones plagadas de irregularidades.

O en los feminicidios que, según la ONU, tienen una tasa de impunidad del 98% en México. Cada expediente archivado, cada investigación truncada, es una invitación a la desconfianza. Y en esa desconfianza nace el México de Doña Carlota: un país donde la justicia no se espera, se toma.

El juicio que México enfrenta
Entre 2025, con una reforma judicial que promete más de lo que cumple, y 2027, con elecciones que cambiarán rostros pero no estructuras, México no solo juzgará a Yarrington ni debatirá sobre Doña Carlota.

Juzgará su propia fe en la justicia. Porque cuando la ley es un laberinto para los poderosos y una tumba para los débiles, el veredicto ya no importa.

Lo que queda es una pregunta: ¿puede un país sobrevivir cuando sus ciudadanos ya no creen en él?
Yarrington podría enfrentar un juicio impecable o ser liberado por un sistema que no sabe acusar.

Doña Carlota podría ser condenada como ejemplo o aclamada como mártir. Pero el verdadero fallo ya está escrito: un México donde la justicia es una quimera, y la impunidad, una certeza.

La pregunta no es si Yarrington es culpable o si Doña Carlota hizo bien. La pregunta es si México puede reconstruir un sistema que no traicione a sus ciudadanos.

Porque mientras esa respuesta no llegue, la justicia seguirá siendo una palabra hueca, y la desconfianza, el único juez que nunca falla.