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El atraco del siglo: Egidio Torre y la gran estafa a las pensiones de Tamaulipas.

Por Luis Enrique Arreola Vidal

En Tamaulipas, los políticos no administran: copulan con la corrupción.

Gobiernan como hienas de smoking: sonríen en campaña, muerden en quincena.

Y si hay una infamia que merece su propio juicio en la historia —con acta de traición, epígrafe de cinismo y sentencia popular— es esta: el saqueo de 2,500 millones de pesos al sistema de pensiones del estado durante el reinado gris e inmune de Egidio Torre Cantú, ese ingeniero del despojo con voz de terciopelo y manos de bisturí.

No fue error. No fue omisión.
Fue un crimen quirúrgico.
Un atraco perpetrado con calculadora, pluma Montblanc y un ejército de cómplices con gafete institucional.

Hoy, mientras 18,000 jubilados sobreviven a dieta de esperanza y pastillas genéricas, los responsables del saqueo siguen blindados en sus retiros dorados, degustando impunidad al tiempo que otros mastican resignación.

Esto no es solo corrupción.

Esto es terrorismo financiero con sello estatal.

El desfalco: cuando el IPSSET fue caja chica de los bandidos elegantes.

Cada quincena, maestras, médicos, policías y burócratas entregaban su aporte con fe burocrática, creyendo en ese pacto no escrito de que el Estado cuidaría de ellos al final del camino.

El Estado se robó el camino.

Un informe oficial —confirmado por Hoy Tamaulipas— revela lo que ya era un secreto a gritos: 2,500 millones de pesos evaporados del IPSSET entre 2011 y 2016.

No desaparecieron: fueron drenados hacia empresas fantasma, un eufemismo legal para decir: robadas con elegancia.

Y sí, ya hay denuncias. Y sí, ya investiga la FGR, y si ya el Gobernador Américo Villarreal informó a la Presidenta Claudia Sheibaum, en su reciente visita y la respuesta fue que paguen los responsables aquí no vamos a encubrír a nadie y nuestro compromiso está con los trabajadores de Tamaulipas.

Pero en México eso solo significa una cosa: los expedientes ya están en lista de espera… junto a la justicia.

La banda del fondo: saqueadores con nómina.

Egidio no lo hizo solo.
Ningún ladrón de cuello blanco baila solo esta danza.

Ahí estuvo Jorge Silvestre Ábrego Adame, su secretario de Finanzas y coreógrafo del desfalco.

Acusado desde 2019 por desviar 600 millones a través de factureras, su nombre brilla en más de un expediente… aunque él duerme en paz y no en prisión.

Y luego está Cristóbal Rosales, el que apretaba el botón del saqueo desde adentro del IPSSET.

Presentado ante un juez en 2025, ya no dirige el fondo… pero lo dirigió como si fuera su cochinito.

¿Y Egidio?

Egidio, como buen tecnócrata, ni se despeinó. Nunca explica, nunca se disculpa, nunca responde.

Las víctimas: jubilación de hambre y olvido.

María Elena, maestra jubilada, sobrevive con 2,800 pesos al mes.
Juan, ex policía, renta un cuarto con goteras.

No son casos aislados: son la estadística hecha carne.

Según el INEGI, el 60% de los jubilados tamaulipecos vive en pobreza.

Y lo que es peor: el IPSSET solo tiene fondos para resistir hasta 2028. Después de eso, a rezar o a morir.

El convenio: maquillaje de complicidad.

En 2022, con Américo Villarreal ya en el poder, se firmó un “convenio” para tapar el hoyo con curitas presupuestales: 26 millones mensuales para salvar lo que queda.

Traducción realista:
Los ladrones ganaron tiempo.
Los jubilados perdieron futuro.

Y cuidado: el delito prescribe en 2026. Si no se actúa ya, esta historia terminará archivada, como tantas otras, en el panteón de la impunidad nacional. (Por eso la voz estruendosa de la Presidenta que se actúe ya y que paguen quienes tengan que pagar).

Con esa advertencia Egidio ya no podrá pasear por San Pedro con impunidad porque en cualquier momento la Fiscalía General de la República podría detenerlo.

El llamado: que la rabia se organice.

Tamaulipas no necesita discursos. Necesita gritos.

No espera promesas. Espera procesos.

Aquí no hay espacio para tibiezas.

Esto exige:

1. Auditoría forense inmediata. Que la ASF nombre, exhiba, desnude a los responsables.

2. Cárcel y embargo. Torre, Ábrego y Rosales deben pagar. No con disculpas: con sentencias. Y devolver hasta el último centavo.

3. Rebelión pacífica. Que se manifiesten frente al IPSSET, que tiemble el Congreso. Que no olviden que cuando un jubilado pierde su pensión, pierde más que dinero: pierde su derecho a morir con dignidad.

Robar una pensión no es un delito fiscal.

Es una sentencia de muerte lenta.

Es apagar la última luz de quienes lo dieron todo.

Es dinamitar la confianza social en el Estado.

Y cuando un Estado traiciona a sus trabajadores quienes le entregaron su vida al servicio del estado, a sus maestros, a sus policías, se convierte en un cementerio de valores.

Egidio no solo robó dinero.
Robó tiempo. Robó gratitud. Robó país.

Y esta historia, por más que quieran borrarla con saliva oficial,
será recordada.

Porque las traiciones, en México, no siempre se pagan con justicia.

Pero se pagan.
Con historia.

Y esta, será la más infame de todas.