EN VISTO
Cuando el silencio se vuelve cómplice
Por Dora de la Cruz
El acoso sexual, fue por décadas un delito de impunidad que se normalizó en todas las esferas: la política, económica, cultural y artística; fue hasta que los organismos feministas iniciaron movilizaciones, enarbolando las denuncias colectivas, como el movimiento Me Too, que se logró llevar ante la justicia a figuras de alto nivel en la industria cinematográfica estadounidense. Esta lucha abrió el camino para que otras mujeres, en distintas partes del mundo, se atrevieran a señalar a sus agresores y a romper el silencio.
Los avances legislativos en el estado, al castigar con penas de de 1 a 3 años de prisión y multas de 100 a 400 UMAs, no garantizan la sanción de los casos y menos aún, cuando el agresor es una figura del poder; resulta más difícil se llegue a castigar esos delitos, pues prefieren destituirlos del cargo, cuando se trata de funcionarios públicos, antes que llevarlos a la cárcel.
La ley señala que si quien comete el delito es un servidor público y usa su cargo para cometer acoso u hostigamiento, puede aplicarse además destitución e inhabilitación para empleo público de 6 meses a 2 años, sin embargo, en muy pocos casos se cumple esa pena.
Este delito es de alta impunidad; incluso hay una cifra negra de víctimas de acoso sexual que no llegan a la fiscalía, porque el agresor es una persona con poder institucional, laboral, político, mientras la afectada, pasa a convertirse en la perseguida y amenazada, pero ademas, se emprenden campañas de desprestigio en su contra y a justificar la agresión con dichos de que había una relación sentimental con el agresor, o recibía regalos de él; una narrativa cómoda, pretendiendo convertir la violencia en acuerdo y mostrar al agresor como víctima, para normalizar el abuso.
En Tamaulipas se tiene registro de más de 136 carpetas de investigación por acoso sexual, sin embargo la justicia es lenta, de acuerdo a colectivos feministas, han denunciado ante los medios de comunicación, que la impunidad es el común denominador en los casos y recientemente, exigieron a las autoridades de la Fiscalía General de Tamaulipas acelerar la investigación de las denuncias.
Durante el sexenio pasado, el ex Gobernador Francisco García, y el mismo casi ex fiscal Irving Barrios, protegieron a uno de sus funcionarios, que ocupó el cargo de Director de Centros Regionales de Desarrollo Educativo, en la Secretaría de Educación; Arturo Sarrelangue Martínez, quien fue acusado de acoso sexual, al pedir “favores” de ese tipo a varias trabajadoras a cambio de compensaciones; incluso montaron una denuncia pública en un puente, al norte de la ciudad, para visibilizar el caso, sin embargo el expediente sigue archivado.
No hacer nada contra el acoso sexual es también complicidad; hoy tocará a las nuevas autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, investigar a fondo los casos de acoso sexual que llevan años esperando justicia.
En México, un 45 por ciento de las mujeres, reportó haber sufrido acoso o agresión sexual; este delito debe ser denunciado y castigado, bajo un esquema de fortalecer la ventanilla de atención con perspectiva de género en las fiscalías, para no desalentar a las víctimas a ratificar la denuncia, porque no hacerlo, es poner en riesgo a otras mujeres que se crucen por la vida del agresor.
En el país, recientemente se anunció un plan contra el abuso sexual y uno de los puntos más relevantes, es que se presentará una propuesta para que el acoso sexual en todas las entidades sea un delito grave y seguramente el gran reto no estará en la reforma, sino en que la ley realmente se aplique.
