El juez federal Juan Fernando “N” fue vinculado a proceso por delitos contra la administración de justicia, luego de ser señalado por favorecer con amparos al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Juan Fernando “N” fue vinculado a proceso por un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, acusado de delitos contra la administración de justicia por presuntamente favorecer al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La resolución fue emitida dentro de la causa penal 45/2026 por el juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, quien determinó que existen elementos para iniciar proceso penal contra el ex titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa.
El caso se relaciona con diversos amparos promovidos en 2024 por Cabeza de Vaca para frenar órdenes de aprehensión y mantener vigente su candidatura a diputado federal plurinominal, pese a existir investigaciones por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, el vinculado concedió una suspensión provisional que obligó al Instituto Nacional Electoral a registrar la candidatura del exmandatario panista, resolución que posteriormente generó denuncias penales por parte de MORENA.
El proceso penal ocurre después de que el Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó por un año al juez federal por faltas graves relacionadas con resoluciones emitidas a favor de Cabeza de Vaca.
El caso también tiene antecedentes legislativos en el Congreso de Tamaulipas. En un dictamen de la Legislatura 65, diputados locales solicitaron formalmente investigar la actuación de Juan Fernando Alvarado López y Faustino Gutiérrez Pérez por presunto desapego a los principios de imparcialidad, legalidad y honestidad en la impartición de justicia.
El documento legislativo señala que ambos jueces otorgaron suspensiones y amparos relacionados con cuentas bancarias, órdenes de aprehensión y resoluciones favorables para integrantes de la familia García Cabeza de Vaca y exfuncionarios vinculados al anterior gobierno estatal.
Incluso, el Congreso local exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal y a la Fiscalía General de la República a investigar posibles irregularidades y determinar responsabilidades administrativas o penales en el desempeño de ambos juzgadores.
En el dictamen también se menciona que las resoluciones emitidas desde los juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en Reynosa generaron controversia política y jurídica, al considerar que obstaculizaron acciones legales contra el exgobernador tamaulipeco.
