Las nuevas facultades permitirían a la Auditoría Superior del Estado iniciar procedimientos por presuntas faltas administrativas sin esperar una denuncia o el periodo ordinario de revisión de la Cuenta Pública.
Ciudad Victoria.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) podría iniciar investigaciones de oficio por presuntas faltas administrativas, sin necesidad de esperar una denuncia ciudadana o el periodo ordinario de revisión de la Cuenta Pública, una vez que el Congreso de Tamaulipas armonice la legislación estatal con las recientes reformas federales.
El titular de la ASE, Francisco Noriega Orozco, explicó que los cambios amplían las herramientas de fiscalización y permitirían actuar cuando durante una revisión se detecten indicios de posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Señaló que las nuevas disposiciones buscan reducir los tiempos de fiscalización y fortalecer las acciones para detectar y sancionar posibles actos de corrupción.
“Con esta nueva ley federal que está autorizada por el Congreso de la Unión y que entró en funcionamiento en abril, se busca que por oficio, en un momento dado, las auditorías logren ejecutar los procedimientos y no tanto esperar a que se cumplan ciertos periodos”, explicó.
Noriega Orozco precisó que en Tamaulipas estas facultades podrán aplicarse una vez que el Congreso local apruebe la armonización de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación con la legislación estatal.
El funcionario destacó que el nuevo esquema permitiría que, ante la detección de indicios durante una fiscalización, la ASE pueda iniciar procedimientos sin esperar a que concluya el periodo establecido para la revisión de las cuentas públicas.
Además, las reformas contemplan un plazo de 120 días hábiles para que la autoridad fiscalizadora se pronuncie sobre las observaciones relacionadas con el uso de recursos públicos y determine si fueron solventadas, no solventadas, archivadas o concluidas.
El objetivo, explicó, es evitar que la lentitud de los procedimientos administrativos retrase la aplicación de sanciones cuando existan responsabilidades.
Noriega Orozco sostuvo que estas modificaciones buscan fortalecer la percepción ciudadana sobre el combate a la corrupción y generar mayor confianza en las instituciones públicas.
“Prácticamente es buscar sancionar en tiempo real para que la percepción de la ciudadanía sea cada vez más firme ante el tema anticorrupción”, subrayó.
Aclaró que la aplicación de estas nuevas facultades no representa una persecución contra funcionarios o personas específicas, sino un mecanismo para garantizar que la rendición de cuentas se realice conforme a la ley.
“No es una cacería de brujas, no se busca ir en contra de alguien específico, pero sí que su rendición de cuentas sea la que marque la ley para regresar la confianza a la ciudadanía y las instituciones públicas”, puntualizó.
