Lo que podía decir no

Mario Flores Pedraza

Hagamos el inventario del último par de años, con calma, como quien revisa el recibo largo del supermercado.

El 20 de diciembre de 2024, en la edición vespertina del Diario Oficial, ese horario de viernes que se reserva para las cosas que uno quiere publicar sin que nadie lea, se extinguieron siete organismos autónomos de un tirón: el INAI, el Coneval, la Cofece, el IFT, Mejoredu, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sus funciones se repartieron entre secretarías de Estado y el INEGI. El ahorro, nos explicaron, se iba a destinar al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Así que el precio de la transparencia quedó convertido en una partida presupuestal, lo cual tiene su elegancia contable.

El 1 de junio de 2025 vino el acto más democrático de la historia moderna de México: elegimos jueces en las urnas. Participó entre el 12.5 y el 13.3 por ciento de los ciudadanos, según el propio INE. El ministro más votado del país juntó poco más de cinco millones de sufragios en un padrón de cien millones. Dicho de otro modo, a casi nueve de cada diez mexicanos esta democratización histórica les pareció menos interesante que su domingo. En 2027 repetimos.

En octubre de 2025 se apagó el IFT y nació la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende de la Agencia de Transformación Digital, que depende del Ejecutivo. El árbitro de las telecomunicaciones pasó a cobrar en la nómina de uno de los interesados, y nadie lo celebró ni lo lamentó demasiado, porque en este país las extinciones ya no son noticia.

En octubre de 2026 renunció la presidenta del INE por un escándalo de contratos. Su sustituto se elegirá con dos terceras partes de la Cámara o, si no se reúnen, por tómbola. Y mientras eso ocurre, la reforma electoral en curso plantea extinguir los treinta y dos organismos electorales de los estados y los tribunales electorales locales, concentrando todo en el INE. El argumento es que duplican funciones.

Ahí está la lista. Ahora la pregunta que no se hace nadie.

Nos dieron dos explicaciones para todo esto, y conviene notar que se contradicen. Una dice que se trata de más democracia: por eso elegimos jueces. La otra dice que se trata de ahorrar y simplificar: por eso desaparecen organismos. No pueden ser las dos. Si más democracia es mejor, habría que elegir también a los comisionados de competencia económica en lugar de borrarlos. Y si lo que urge es simplificar y ahorrar, la elección judicial, que costó una fortuna para que votara el trece por ciento, fue el peor negocio del sexenio.

Hay, sin embargo, un criterio que explica las dos cosas a la vez y con una consistencia. Repase la lista y verá que todo lo que se eliminó tenía una facultad en común: podía decir no. El INAI podía obligar a entregar un documento. La Cofece podía multar a quien subiera el precio de la tortilla de acuerdo con sus competidores. La CRE podía negar un permiso. El Coneval podía publicar que la pobreza no bajó. Y todo lo que se volvió electivo, en cambio, es justamente lo que ahora se decide por una boleta que el ciudadano no entiende, con candidatos que no conoce, en elecciones donde no participa. Democratizaron lo que no estorba y extinguieron lo que frena.

Benjamin Constant pasó su vida discutiendo con quienes creían que el poder se vuelve inofensivo cuando cambia de manos. Su tesis, contra Rousseau, fue que la soberanía popular tampoco puede ser ilimitada: hay cosas que ni el pueblo entero, por unanimidad, tiene derecho a hacer, porque el peligro está en cuánto se le permite mandar sin que nadie pueda revisarlo, sea quien sea el que mande. Trasladar el poder absoluto del rey al pueblo no lo vuelve seguro. Le cambia el domicilio.

Y por eso me cansa un poco el debate abstracto sobre los contrapesos, así que pongámoslo en términos de su vida. Sin un organismo de transparencia con dientes, el contrato del paso a desnivel de su ciudad es un misterio permanente. Sin autoridad de competencia, el día que tres empresas acuerden el precio del gas no hay a quién llamar. Sin un medidor de pobreza independiente, el número de pobres de México lo va a calcular la misma dependencia que tiene que bajarlo. Se trata de que alguien pueda decirle no a un poderoso sin pedirle permiso al poderoso.

Dicho todo lo anterior, hay que conceder lo que es cierto, porque si no esto sería propaganda del otro bando. Varios de esos organismos eran caros, lentos, endogámicos y estaban repletos de cuates bien pagados. El INAI tardaba años. Algunos consejeros cobraban más que la presidenta. Hubo jueces federales que vendieron sentencias con una naturalidad escandalosa y por eso la elección judicial le sonó razonable a mucha gente decente. Todo eso es verdad, y sostenerlo no obliga a defender la demolición. A un vigilante malo se le reemplaza por uno mejor; lo que hicimos fue quitar la caseta.

Lo que viene ya está a la vista. La elección de 2027 y la presidencial de 2030 las va a organizar un INE centralizado, posiblemente sin los organismos locales, con un presidente designado por quien tiene la mayoría o por un sorteo entre nombres que escogió esa misma mayoría. Los jueces que resolverán las impugnaciones habrán salido de boletas como la de 2025. Y los organismos que podían pedir cuentas ya no existen.

Va a quedar un país muy ordenado. Eficiente, barato, sin trámites molestos, sin comisionados sobrepagados, sin burócratas preguntones. Va a funcionar de maravilla todo el tiempo que quien manda tenga buenas intenciones.

Y el día que llegue al poder alguien que a usted le parezca intolerable, con toda esa maquinaria ya construida y sin un solo freno en el camino, acuérdese de que la aplaudimos juntos.