EN VISTO
Ley contra el Feminicidio el reto de transformar las instituciones
Por Dora de la Cruz
Esta semana inició el diálogo para construir la Ley General Contra el Feminicidio, con la participación de voces feministas que han sido clave en la agenda legislativa y abierto camino a leyes para la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas.
Entre ellas, la gran maestra feminista Marcela Lagarde, una mujer comprometida con el movimiento y con las causas de las mujeres, no con los gobiernos. En su participación, lo dejó claro.
El reto de esta ley es precisamente ese: que no se quede en el discurso ni en la teoría, sino que se traduzca en acciones concretas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio.
En México, por primera vez en el 2012, se habló del delito del feminicidio, precisamente por la entonces diputada Marcela Lagarde, luego de las muertas de Juárez, consideradas hoy por hoy un crimen político; es toda una estructura social, impregnada por el machismo, que toca a una sociedad, pero también a las instituciones, que es el reto que tiene esta nueva ley; esta legislación ha transitado por algunos cambios y los resultados siguen siendo los mismo: las mujeres víctimas de feminicidio, truncando sus proyectos de vida, hijas e hijos en la orfandad y los agresores, muchas veces libres; la impunidad sigue siendo la constante en este delito y el nuevo poder judicial, sigue en deuda con las víctimas y sus familias.
En Tamaulipas, recientemente el caso de Dafne, víctima de feminicidio, tuvo errores, en activar los protocolos que tienen que ver con las instituciones; parecería que aún no conocen la magnitud, la gravedad de un feminicidio; este delito, lastima a toda una sociedad, no es un caso aislado; esto es sólo un ejemplo de cómo se omite la hoja de ruta, cuando sucede un feminicidio; este caso, por estas omisiones, Danna , una de las vinculadas al caso, por su presunta participación, está hoy con la posible liberación, pero además existen otros presuntos implicados, de los cuales ya no se habla, por un tema de no querer politizar un tema en el que la sociedad exige justicia.
Precisamente de esto habla la académica y antropóloga , Marcela Lagarde; de que la Ley contra el Feminicidio, deje de ser letra muerta y se convierta en una práctica ordinaria para las instituciones, porque aquí es donde está el gran problema y será un reto para transformar las instituciones.
Las mesas de diálogo, no deben de dejar fuera las voces que impulsaron la Ley Olimpia, la Ley Ingrid, la Ley Malena y otras impulsadas por mujeres que fueron víctimas de estos delitos y que transformaron su dolor en ley.
La iniciativa a la que se dará entrada en septiembre, en el Congreso de la Unión, por sí sola no resolverá, primero, prevenir el feminicidio; segundo, el tema de la impunidad, tiene que ver con políticas públicas aplicadas y presupuesto, para desplegar una campaña de prevención, cultura de la denuncia, pero además, una estructura institucional con políticas en perspectiva de género de fiscalías, así como en el Poder Judicial; no un curso o una charla; esto va más allá, para que puedan entender lo que significa la igualdad y los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
Pero además, está luchan no es solo de las mujeres; es de todas y todos, en escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo, en todos los espacios públicos y privados, que dejen de ver el femincidio como un asesinato simple; es la violencia más extrema contra la mujer y es una herida colectiva.
Veamos qué pasa con esta Ley. Que no sea un tema mediático del gobierno federal, y que ante la creciente aumento de la violencia contra las mujeres, se pretenda levantar una cortina de humo; desde luego que quienes participan en esta mesa de diálogo, son personas comprometidas y exigirán que se aplique la ley y no sólo sea un distractor, reducido a la foto y el boletín.
Todas las voces deben ser escuchadas, especialmente las de las familias de las víctimas de feminicidio, porque son ellas quienes conocen de primera mano el largo peregrinar que implica exigir justicia: enfrentar instituciones, procesos burocráticos, omisiones y, muchas veces, la falta de respuestas.
Sus experiencias no pueden quedar fuera de la construcción de esta ley. Son testimonios que deben convertirse en propuestas concretas para transformar los procedimientos y eliminar las barreras que terminan desgastando a las familias mientras buscan justicia para sus hijas, madres, hermanas o compañeras.
Y siguen siendo las mujeres las que defienden a otras mujeres frente a este patriarcado que se resiste a ver a las mujeres como personas con derechos
