CODHET pone bajo revisión expedientes de internos ante posibles fallas en sus procesos
Por Josué Escamilla
La Comisión de Derechos Humanos y el Poder Judicial analizan alrededor de 80 expedientes de personas privadas de la libertad, principalmente adultos mayores y personas con problemas de salud. La revisión también busca detectar posibles deficiencias en procesos judiciales y beneficios legales no aplicados.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Alrededor de 80 personas privadas de la libertad en Tamaulipas se encuentran bajo revisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHET) y el Poder Judicial, con el propósito de identificar casos en los que existan condiciones legales o humanitarias para modificar su situación penitenciaria.
La presidenta de la CODHET, María Taide Garza Guerra, explicó que el análisis considera principalmente a adultos mayores, internos con problemas de salud y otras personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
La revisión busca establecer si algunos de ellos ya cumplieron sus condenas o reúnen los requisitos para acceder a beneficios contemplados en la ley. Cada expediente será evaluado para determinar si existe fundamento jurídico que permita una modificación de su situación.
Garza Guerra señaló que hay personas que podrían permanecer en prisión pese a haber cumplido el tiempo de su pena o encontrarse en condiciones de recibir algún beneficio penitenciario.
Pero la revisión no se limita a los casos de vulnerabilidad. La Comisión también busca detectar posibles irregularidades en los procesos judiciales, como expedientes con pruebas insuficientes, falta de representación legal o beneficios que no hayan sido considerados por las autoridades.
La titular de la CODHET estimó que cerca del 30 por ciento de la población penitenciaria podría encontrarse en una situación de injusticia por falta de pruebas. Se trata de una estimación expuesta por la funcionaria, no de un porcentaje confirmado mediante una resolución judicial o un diagnóstico concluido.
De acuerdo con Garza Guerra, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya se realiza una revisión de las condiciones jurídicas de las personas recluidas en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) del estado.
El objetivo es que cada caso sea examinado de manera individual para identificar posibles vulneraciones al debido proceso y determinar si existen elementos legales para corregir situaciones que mantienen a personas privadas de la libertad.
