Carlos Peña solicitó un amparo contra la Fiscalía de Justicia de Nuevo León y contrata a despacho regiomontano para su defensa
Ciudad Victoria, Tam.- El alcalde de Reynosa Carlos Víctor Peña Ortiz, teme ser detenido en Nuevo León, por lo que, solicitó un amparo contra la Fiscalía de esa entidad.
Además, contrató los servicios del despacho regiomontano del abogado Roberto Martínez, donde son especialistas en la defensa de servidores públicos.
Es el abogado especializado en derecho penal, Cristóbal Hernández, quién ahora lleva la defensa del Presidente Municipal de Reynosa.
LA ACUSACIÓN
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, abrió la carpeta procesal CP/0017/2021, contra Carlos Peña, luego que, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, explicó que este delito está previsto y sancionado por el artículo 443 Bis, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, con una peña de prisión que oscila entre los 5 y 15 años.
LA DEFENSA DEL ALCALDE
El Alcalde de Reynosa promovió el juicio de amparo con número de expediente 562/2022 en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León.
A pesar de que en 2018 se eliminó el fuero a los integrantes de los Ayuntamientos, Carlos Peña alega inmunidad procesal como Presidente Municipal.
Además, refiere ser “prejuzgado sin la presunción de inocencia que se instaura en el texto constitucional como una garantía individual a favor de toda persona”.
Ello con base en la exigencia de que toda autoridad y ante el procedimiento al que se le sujete, no se estimen verosímiles los cargos atribuidos al gobernado respecto a la comisión de delitos, salvo decisión contraria emitida por un tribunal competente, dentro de la observancia del debido proceso.
El alcalde señala la violación a sus garantías individuales en tres puntos:
a) La ejecución (por vicios propios) de la orden de aprehensión solicitada el dieciocho de mayo de dos mil veintiunos, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y obsequiada por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en San Fernando, Tamaulipas, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
b) La falta de declaración de procedencia por parte del Congreso Local del Estado de Tamaulipas, para que se pueda proceder penalmente en contra del quejoso Carlos Víctor Peña.
c) La inconstitucionalidad del artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
