CENA DE NEGROS

La marcha…

Marco Antonio Vázquez Villanueva

Mientras crece la pobreza, sube la inflación, la perspectiva de no avanzar, se incrementa la violencia en el país y queda en evidencia todo el sistema de seguridad y justicia en México ante la sentencia de culpable que se dio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, el calderonista Genaro García Luna, en México seguimos empecinados en pelearnos por especulaciones y, la marcha de este domingo 26 de febrero, nos deja constancia de ello.

Mire, una realidad es que el llamado Plan B podría ser vetado por el propio presidente porque ni los de su partido lo aceptan, no se lo aprobaron tal como lo mando al Congreso, aunque no le quitaron muchas de sus propuestas si lo cambiaron de fondo y los exhibe como lo que son, ambiciosos de poder, por lo que Andrés Manuel dejo entrever que lo vetaría por sus modificaciones, es decir, todavía no existe ese Plan B pero, con todo y ello, se hizo una marcha y mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, y en muchas ciudades del país, para desacreditarlo, para tumbarlo, para eliminar esa reforma con el falso o hipócrita argumento de que al INE no se le toca.

Otra realidad es que el Plan B del presidente es un absurdo, nadie que se precie de demócrata puede o debe agandallar y modificar leyes, sobre todo las que tienen que ver con ese tema, a placer, nomás para ganar votos o, peor aún, con la idea de someter a los órganos electorales a sus caprichos, es decir, en su momento una representación del pueblo en manos de Diputados le dijeron que no era sano ni eran los tiempos para modificar la Constitución con esos objetivos y hasta ahí debió quedar o, mejor aún, tratar de consensuar los cambios por otras vías y ya, pero no, lejos de ello mejor hizo berrinche y pretendió arrebatar con su mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Más verdad que esos dos puntos anteriores es que necesitamos perfeccionar nuestra democracia y la vía no es ahorrando dinero, ni la austeridad, el camino más seguro es garantizar la participación libre e informada de la ciudadanía, es democratizar la vida de los partidos políticos porque, ha de saber, la única forma de tener gobiernos honestos y cumplidores es sometiéndolo al escrutinio de más personas a los y las que pretendan ser candidatos a puestos de elección popular, de nada sirve tener un partido en el gobierno que se jacta de ser demócrata si desde México se imponen candidaturas a los tamaulipecos o chiapanecos o de donde sean, de nada sirve tener partidos de oposición que se dicen impulsores de la democracia si, por ejemplo, en Tamaulipas se les imponen candidatos por un exgobernador que anda prófugo de la justicia.

Y lo del dinero es peor, cortar el financiamiento público al INE pone en riesgo las elecciones más o menos limpias y confiables que en los últimos 22 años nos han permitido ver cómo murió la mal llamada dictadura perfecta del PRI, el gobierno que se decía diferente del PAN y que llegará al poder algo que parece la izquierda a la mexicana, se complicaría más si en esos recortes se golpea a los tribunales electorales, a los órganos jurisdiccionales.

Quitarle prerrogativas a los partidos sería peor, solo llevaríamos a los “políticos” a buscar dinero entre los empresarios o los delincuentes y en México ya sabe usted que quien paga manda.

Además no es tanto lo que se gasta, vea un ejemplo, el INE tendrá un presupuesto cercano a los 14 mil millones de pesos para este año, si, quizá le parezca mucho, pero proporcionalmente a lo que se roban los malos políticos no es nada.

Un ejemplo podría ser el exgobernador prófugo que echamos los tamaulipecos vía las urnas, a él sus enemigos le calculan una fortuna cercana a los mil millones de pesos y, que se sepa, no ha hecho otra cosa que dedicarse a la política y las chamoyadas, a nivel nacional las cosas son peor, por lo que debilitar al instituto electoral, junto con los partidos, nos podría llevar a tener puros de esos políticos charlatanes y ladrones, puros ambiciosos y delincuentes en busca de presupuestos públicos sin que nadie los fiscalice o los detenga a tiempo por incapacidad o complicidades, por eso hablo de fortalecer la democracia con la inyección de recursos porque en este momento no hay de otra.

Entonces es claro que la marcha nos debe llevar a la reflexión, no por la hipocresía de algunos que la encabezaron o la alientan, no, sino por todo lo que nos pueden costar los disparates del Plan B y de quienes si están pensando en joder a México mediante reformas que no tienen razón de ser porque la historia lo deja claro, nos confirma que entre mayor fuerza tengan más fácil es echar a los ladrones del poder.

HAY MENOS VIOLENCIA CON AMÉRICO… Durante los primeros cuatro meses del nuevo gobierno estatal que encabeza Américo Villarreal Anaya, 18 de 22 indicadores de incidencia delictiva en Tamaulipas, registraron un decremento en comparación al mismo periodo de la anterior administración estatal.

Indicadores del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública señalan también, que durante el mes de enero del presente año, en Tamaulipas se registraron 25 homicidios dolosos; la menor cantidad en los últimos seis años en nuestro estado.

El Panorama General de Incidencia Delictiva, da a conocer que en enero de 2023, Tamaulipas ocupó la posición 22 en el ranking nacional por presuntos delitos por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional.

De acuerdo a un comparativo de octubre de 2016 a enero de 2017, contra octubre 2022-enero 2023, lo que significan los primeros cuatro meses de un nuevo gobierno en Tamaulipas, 18 de 22 indicadores registraron cifras a la baja en la comisión de delitos del fuero común, entre ellos: homicidio doloso, secuestro, robo a casa habitación, extorsión, robo a negocio, robo a transporte y robo a vehículo.

El comparativo indica que de 17 mil 194 carpetas de investigación pasó a 12 mil 723, en el periodo de referencia, lo que pone de manifiesto que el trabajo de coordinación en materia de seguridad entre el gobierno del Estado y las fuerzas federales ha brindado resultados positivos.

El documento presentado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, señala que tan solo en el mes de enero del presente año, se denunciaron 128 casos por el delito de robo a negocios, lo que representa un decremento de 15 por ciento en relación al mismo mes del año anterior.

En este mismo mes, no hubo ningún caso de robo a transporte, mientras que el delito de violencia familiar si registró un aumento al pasar de 445 casos en enero de 2022 a 726 en el presente año.

UAT, GOBIERNO Y CONGRESO CREAN DEFENSORIA DE UNIVERSITARIOS… La creación de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios es una suma de esfuerzos en la que coinciden la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, el trabajo de la 65 Legislatura del Congreso del Estado y la política institucional del rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos.

En ese contexto, fue emitido el decreto mediante el cual se crea la Defensoría, un órgano que protege y defiende los derechos de los universitarios, estableciéndose en el avance a los proyectos que buscan la transformación de las instituciones en beneficio de la población tamaulipeca.

Al informar al respecto, el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general de la UAT, destacó que el Periódico Oficial del Estado, en su edición del 15 de febrero de 2023, publicó el decreto, mediante el cual se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo tercero de la Ley Constitutiva de la UAT, quedando de la siguiente manera:

“La Universidad Autónoma de Tamaulipas contará con la Defensoría de los Derechos de los Universitarios como órgano autónomo, independiente y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, encargado de la promoción, defensa y garantía de los derechos de las y los universitarios; debiéndose regir bajo los principios de independencia, buena fe, objetividad, imparcialidad, legalidad, debida diligencia, confidencialidad, eficiencia, perspectiva de género y de derechos humanos”.

Se añadió también que: “La persona titular de la Defensoría deberá poseer título profesional de Licenciado en Derecho y acreditar conocimientos en materia de derechos humanos y perspectiva de género; durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser designada por un período adicional, su naturaleza, atribuciones específicas y obligaciones se establecerán en el Estatuto Orgánico de la UAT y en sus respectivos reglamentos”.

Cabe destacar que, la gestión del rector ha instrumentado el funcionamiento de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios y la creación de su reglamento, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales que han sido asentadas en la Ley Constitutiva de esta casa de estudios.

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