Un juez federal desechó el amparo promovido por la exsecretaria de Bienestar en Tamaulipas, Yahleel Abdalá, con el que buscaba aplazar hasta seis meses su comparecencia ante un juez de control
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas desechó el amparo promovido por la exsecretaria de Bienestar, Yahleel Abdalá, mediante el cual solicitaba un plazo mayor para la celebración de la audiencia inicial dentro de la causa penal 733/2026, abierta en su contra.
La exfuncionaria, quien formó parte del gobierno del exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, promovió el amparo 176/2026 contra la negativa judicial de otorgarle más tiempo para acudir ante la autoridad judicial.
De acuerdo con el expediente, el juzgador requirió previamente a la quejosa precisar el acto reclamado. Al no cumplirse de manera satisfactoria esta prevención, el órgano jurisdiccional determinó desechar la demanda de amparo.
“Cumple prevención. Se desecha demanda”, se informó este día en estrados del Consejo de la Judicatura Federal.
Acusaciones y estatus legal
Yahleel Abdalá enfrenta acusaciones por el presunto uso indebido de atribuciones y facultades, derivadas de supuestas irregularidades en la compra de despensas, operación que habría generado un daño patrimonial estimado en 985.2 millones de pesos, según la imputación presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Las autoridades señalan que la exsecretaria se ha negado en cinco ocasiones a comparecer ante el Juez Decimocuarto, motivo por el cual el procedimiento fue suspendido de manera temporal.
Posteriormente, el Juez de Control de la Primera Región Judicial, con sede en Ciudad Victoria, la declaró prófuga de la justicia y ordenó la suspensión del proceso, al tiempo que la Fiscalía Anticorrupción anunció que solicitaría una orden de aprehensión para garantizar su comparecencia ante los tribunales.
Lo que buscaba el amparo
En su demanda, la exfuncionaria solicitaba que se le permitiera comparecer hasta dentro de seis meses, petición que finalmente fue rechazada por la autoridad federal.
