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Justicia pretende silenciar a Martha y al activismo feminista

Por Dora de la Cruz

Es inadmisible que se criminalice la voz de una activista feminista; en tiempos de la “reivindicación de los derechos de las mujeres y las niñas”, es cuando el mensaje que se envía desde la justicia parece una amenaza para silenciar las voces colectivas.

En Tamaulipas, los colectivos feministas contribuyen a visibilizar la violencia de género en sus múltiples formas; incluso, algunas de las leyes, si no es que la mayoría de las que se han hecho para castigar esos delitos, son impulsadas a propuesta de estas; hoy las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de género, son los que están haciendo verdaderas transformaciones en la sociedad.

El caso Martha de la Cruz genera preocupación, por un intento de silenciar la voz de una activista que durante más de dos décadas, ha defendido los derechos de las mujeres y que hoy enfrenta un proceso penal, por hacer pública una situación que consideró contradictoria con la lucha feminista.

Pero además, la protección
de los derechos de las mujeres defensoras, también implica garantizar que quienes denuncian, cuestionan y alzan la voz, puedan hacerlo sin temor a ser criminalizadas, como sucede con este caso; proceder desde lo legal en su contra, sentaría un precedente preocupante para el activismo feminista de Tamaulipas y nos remitiría, a épocas en las que las mujeres eran perseguidas, reprimidas y silenciadas por atreverse a levantar la voz, denunciar las injusticias y exigir sus derechos. Esto no puede ser.
No se puede permitir que el ejercicio de la lucha feminista se convierta en motivo de criminalización, para quienes defienden los derechos de las mujeres.

El manejo judicial del caso Martha se convierte en una amenaza para los colectivos que están alzando la voz y hacen protestas en el estado; aún así, la semana pasada se vinculó a proceso a la activista, en un mensaje político que enloda la lucha por los derechos de las mujeres. El silencio nunca será la opción para avanzar hacia la igualdad y la justicia.

Aunque la vinculación a proceso de la activista no significa que sea culpable, el asunto está en manos del Poder Judicial, lo que coloca a las y los juzgadores frente a un reto de justicia, pero también de juzgar con perspectiva de género y de no incurrir en fallas del sistema, para acallar las voces de las defensoras de derechos de la mujer y de los periodistas.

Frente a este caso, que deben explicar la Fiscalía y el Poder Judicial, la primera que llevó la imputación ante el órgano jurisdiccional y la segunda
que encontró los argumentos jurídicos por los cuales la jueza consideró procedente vincular a Martha a proceso, se abren los cuestionamientos, particularmente sobre la vigencia del derecho a la libertad de expresión y el activismo feminista.

Ante las injusticias, las mujeres tenemos derecho a salir a las calles, protestar y levantar la voz. El silencio nunca será una opción cuando se trata de defender nuestros derechos. Justicia para Martha

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