El INE prepara nuevas reglas para fiscalizar a quienes busquen una candidatura en 2027. Aspirantes no podrán repartir dádivas, usar recursos públicos ni contratar propaganda sin reportar sus gastos
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La carrera electoral rumbo a 2027 ya comenzó, aunque las campañas todavía no. Ante el activismo anticipado de partidos y aspirantes, el Instituto Nacional Electoral (INE) busca ponerle freno a las campañas disfrazadas y establecer reglas para vigilar quién hace proselitismo, cuánto gasta y de dónde sale el dinero.
El Consejo General del INE analiza nuevos lineamientos para regular y fiscalizar los procesos internos de los partidos políticos relacionados con las elecciones federales y locales de 2026-2027.
El objetivo es cerrar los vacíos legales que existen alrededor de las llamadas precampañas y evitar que los procesos internos se conviertan en una especie de “campaña antes de la campaña”.
Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que las nuevas reglas buscan establecer condiciones claras para los partidos que ya comenzaron a definir a sus posibles candidatos.
¿Qué tendrán prohibido los aspirantes?
De aprobarse los lineamientos, las personas inscritas en procesos internos partidistas tendrán restricciones similares a las de una campaña formal.
Entre las principales prohibiciones se encuentran:
- No podrán entregar dádivas o beneficios para ganar respaldo.
- No podrán utilizar recursos públicos para promoverse.
- No podrán contratar spots en radio y televisión.
- Los servidores públicos no podrán realizar manifestaciones a favor o en contra de las personas inscritas.
- Tampoco podrán utilizarse programas sociales, bienes públicos, personal gubernamental, vehículos, tecnología, logística o cualquier otro recurso del gobierno para favorecer a un aspirante.
La regla de fondo es clara: quien quiera competir deberá hacerlo con recursos identificables y bajo vigilancia electoral.
El INE también vigilará las redes sociales
La fiscalización no se limitará a los eventos públicos.
Los aspirantes deberán reportar gastos de operación, traslados, hospedaje, propaganda en vía pública, publicidad en medios, salas de cine, internet y redes sociales, además de los recursos utilizados en jornadas electorales o consultas internas.
Los partidos también tendrán que establecer un tope de gastos para cada persona inscrita en sus procesos internos.
Además, los bienes y servicios contratados deberán provenir de proveedores registrados ante el Registro Nacional de Proveedores del INE.
¿Quién vigilará el dinero?
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE tendrá la responsabilidad de realizar monitoreos, visitas de verificación y procedimientos para revisar que los recursos utilizados durante estos procesos sean reportados correctamente.
Los partidos políticos, por su parte, deberán entregar informes individualizados de ingresos y gastos relacionados directamente con cada participante.
El mensaje del árbitro electoral llega cuando la sucesión política rumbo a 2027 comienza a tomar forma en los estados: el INE quiere que las campañas no empiecen meses o años antes de que legalmente puedan comenzar.
