
Las sanciones por incumplimiento a la Ley de transparencia van de 17 mil a 175 mil pesos, entes opacos ya no quedarán en la impunidad
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En Tamaulipas, las dependencias que ejercen recursos públicos enfrentan multas de hasta 175 mil pesos si incumplen con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, advirtió que todas las instituciones estatales y municipales deben publicar y actualizar de forma trimestral su información en la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La obligación aplica al Poder Ejecutivo, sus 17 secretarías, 50 entidades públicas, los 43 ayuntamientos y 49 organismos públicos descentralizados municipales. Solo quedan exceptuados los datos clasificados como reservados o aquellos que no correspondan a su ámbito de competencia.
Multas por incumplir con transparencia en Tamaulipas
Cuando una autoridad no responde a una solicitud de información, el ciudadano puede interponer un recurso de revisión. Si persiste la omisión, la autoridad garante podrá imponer sanciones económicas que van de 17 mil a 175 mil pesos.
La legislación establece cuatro cortes informativos al año, es decir, actualizaciones trimestrales obligatorias. Durante ese proceso, las autoridades garantes supervisan que cada sujeto obligado publique su tabla de aplicabilidad y toda la información que marca la ley.
Pedraza Melo subrayó que en Tamaulipas no debe prevalecer la opacidad. Aseguró que tanto el Ejecutivo como el resto de los entes públicos están comprometidos a responder en tiempo y forma a las solicitudes ciudadanas.
En este contexto, destacó que Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas es la instancia encargada de verificar los portales oficiales de los organismos que manejan recursos públicos y constatar el cumplimiento de la normativa.
Finalmente, precisó que la autoridad garante competente será la responsable de imponer la sanción correspondiente, evitando conflictos de interés y fortaleciendo la rendición de cuentas en el estado.



