
Eliphaleth Gómez Lozano reconoció a la administración de Carmen Lilia Canturosas por sus resultados en transparencia y rendición de cuentas durante cinco años. En contraste, señaló que otros ayuntamientos tienen observaciones por obras inconclusas, gastos sin comprobar y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La fiscalización de municipios en Tamaulipas exhibe resultados contrastantes: mientras Nuevo Laredo fue reconocido por sus indicadores de transparencia y rendición de cuentas durante los últimos cinco años, otros ayuntamientos enfrentan observaciones por obras inconclusas, gastos sin comprobar y expedientes incompletos.
El diputado local Eliphaleth Gómez Lozano, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas, reconoció el desempeño de la administración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, a la que señaló como referente estatal en el manejo administrativo y la comprobación del gasto público.
De acuerdo con el legislador, los resultados atribuidos a Nuevo Laredo responden a la capacidad técnica de su personal y al orden administrativo en el ejercicio del presupuesto.
¿Qué irregularidades detectaron en otros municipios?
En contraste con el reconocimiento a Nuevo Laredo, Gómez Lozano advirtió que las revisiones a las cuentas públicas de otros gobiernos municipales arrojaron observaciones de distinta gravedad.
Entre las inconsistencias identificadas mencionó obras que quedaron inconclusas, nóminas con información insuficiente y gastos personales registrados como gasto corriente.
También señaló expedientes sin documentación completa, ausencia de firmas, falta de integración de comités y carencia de evidencia fotográfica para acreditar la ejecución de trabajos.
El diputado evitó revelar los nombres de los municipios involucrados, al argumentar que hacerlo podría significar prejuzgar mientras continúan los procedimientos de revisión y aclaración.
¿Cuánto tiempo tienen los municipios para aclarar las observaciones?
Los ayuntamientos señalados cuentan con un plazo improrrogable de 120 días hábiles, a partir de su notificación, para presentar documentación y pruebas que permitan aclarar las observaciones.
Durante ese periodo deberán acreditar el destino de los recursos públicos o, en su caso, reintegrar los montos cuyo ejercicio no puedan justificar.
El plazo representa una etapa clave para las administraciones municipales, pues deberán demostrar documentalmente que el dinero asignado se utilizó conforme a los fines autorizados.
¿Qué pasa si no comprueban el dinero público?
Gómez Lozano advirtió que los expedientes que no sean solventados o en los que no se concrete la devolución de los recursos podrán turnarse a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
A partir de ello podrían iniciarse procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales, según corresponda.



