La senadora tamaulipeca Imelda Sanmiguel anunció que su bancada impulsará cambios a la legislación electoral para limitar las atribuciones de la presidencia del Instituto. La propuesta también plantea revisar los nombramientos realizados durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La crisis interna del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo frente legislativo: el PAN buscará modificar la ley para impedir que las principales decisiones administrativas y políticas del organismo se concentren en su presidencia y regresen al ámbito del Consejo General.
La senadora tamaulipeca Imelda Sanmiguel Sánchez confirmó que la bancada panista en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con la intención de redistribuir las facultades que actualmente tiene la presidencia del Instituto.
La legisladora cuestionó que, con el respaldo de Morena, PT y PVEM, se hayan aprobado atribuciones que, desde su perspectiva, dieron un margen excesivo de decisión a la entonces consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
Uno de los puntos centrales de la propuesta será modificar el mecanismo para designar a los funcionarios de alto nivel. Sanmiguel considera que esos nombramientos deben involucrar a todas las consejerías y no depender de una sola persona.
La senadora también planteó revisar los cargos asignados durante la gestión de Taddei, al considerar necesario recuperar los contrapesos internos y fortalecer la toma de decisiones colegiadas.
¿La reforma afectaría las elecciones de 2027?
Sanmiguel Sánchez sostuvo que una eventual modificación legal no tendría por qué alterar el desarrollo del proceso electoral de 2027, iniciado el 10 de septiembre.
La propuesta se encuentra en una etapa previa a su presentación legislativa, por lo que todavía deberá discutirse, analizarse y, en su caso, avanzar por el procedimiento correspondiente en el Congreso de la Unión.
La legisladora planteó que la coyuntura que atraviesa el INE debe aprovecharse para revisar la distribución de sus atribuciones y establecer mecanismos que impidan una concentración de poder en su estructura directiva.
El debate, sin embargo, no se limita a la salida de Guadalupe Taddei: apunta a definir quién debe tomar las decisiones dentro del árbitro electoral y qué controles deben existir sobre los nombramientos de sus principales funcionarios.
