La restitución de patria potestad en Tamaulipas marca un precedente judicial contra la violencia vicaria, al evidenciar irregularidades en jueces familiares
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La restitución de patria potestad en Tamaulipas encendió las alarmas sociales y judiciales al exponer cómo la violencia vicaria continúa afectando a mujeres y menores.
La jueza federal Nora Victoria Bonilla Marín ordenó devolver la custodia a Gabriela Bujanos Salazar, madre que denunció por violencia a su expareja, Alejandro Ávila Limas.
Además, la juzgadora concedió suspensión definitiva y notificó a la jueza Roxana Ibarra Canul, del Tercer Juzgado Familiar de Altamira, para ejecutar la entrega inmediata bajo protocolo libre de violencia.
El fallo también fue comunicado al DIF de Tampico y Ciudad Madero, instruyendo que la restitución garantice la integridad física, psicológica y moral de la menor.
Cabe destacar que el 29 de agosto, Ávila Limas ingresó con policías y personal judicial a un domicilio para llevarse a la niña, sin supervisión del DIF.
Ese hecho provocó fuertes críticas, pues la jueza Roxana Ibarra enfrenta al menos seis quejas ciudadanas por irregularidades en procesos de custodia y actualmente es investigada por el Tribunal de Disciplina Judicial.
El presidente del Poder Judicial, Hernán De la Garza, reconoció que existen “advertencias de irregularidades”, pero pidió esperar el fallo de los visitadores asignados al caso.
Por su parte, la exdiputada Alejandra Cárdenas Castillejos advirtió que al menos 200 jueces en Tamaulipas con antecedentes de irregularidades siguen resolviendo casos de violencia familiar, sin recibir sanciones.
En entrevista, subrayó que la violencia vicaria es “el tipo de agresión más cruel, porque daña a mujeres utilizando a los hijos para lastimarlas y genera secuelas irreparables”.
Como dato de referencia, en 2022 el Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad la iniciativa que reconoce la violencia vicaria, presentada por Cárdenas Castillejos. Esa reforma estableció adiciones a la Ley de Prevención de la Violencia Familiar y a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Desde la colectiva 50+1, la legisladora impulsora de la reforma aseguró que trabajan en “programas para reconocer alertas antes de que los casos se conviertan en peligros irreparables para madres e hijos”.
Finalmente, hizo un llamado a las mujeres víctimas a pedir ayuda: “Hoy existe una red de apoyo que acompaña y defiende a quienes sufren violencia vicaria”.
