Tamaulipas revela origen del millonario “caso de las despensas”
Por Daisy Verónica Herrera Medrano
El Gobierno de Tamaulipas aseguró que la investigación contra Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V. no deriva de un conflicto político, sino de presuntas inconsistencias detectadas en pólizas presentadas dentro de un juicio millonario por contratos de despensas
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de versiones virales, acusaciones públicas y señalamientos que escalaron a medios nacionales, el Gobierno de Tamaulipas salió a responder punto por punto sobre el polémico caso legal relacionado con contratos de despensas y presuntas irregularidades documentales.
El encargado de fijar la postura oficial fue el consejero jurídico de la Oficina del Gobernador, Marco Antonio García Barrientos, quien sostuvo que el litigio no nació recientemente ni se trata de una persecución política, sino de un proceso judicial que lleva más de tres años en tribunales estatales y federales.
El origen del conflicto: un contrato cancelado
Durante una conferencia de prensa, el funcionario afirmó que el origen del conflicto se remonta al contrato firmado el 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas, acuerdo que posteriormente fue rescindido por el Gobierno del Estado al considerar que la empresa no cumplió con un requisito esencial: presentar en tiempo las pólizas de garantía exigidas en el contrato.
Tras la cancelación, la empresa Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V. promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa reclamando una indemnización por daños y perjuicios.
La resolución que dio un giro inesperado
Aunque inicialmente obtuvo una resolución favorable en enero de 2025, García Barrientos reveló que esa decisión fue revocada por unanimidad el 27 de mayo del mismo año por el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que ordenó reponer el procedimiento.
El consejero jurídico subrayó que incluso el magistrado que originalmente falló a favor de la empresa votó posteriormente por revertir la resolución.
La contradicción de fechas que detonó la investigación
Pero el punto que detonó la investigación penal —y que hoy mantiene el caso bajo el reflector nacional— fue una presunta contradicción en las fechas relacionadas con las pólizas de garantía presentadas dentro del juicio.
Según explicó el funcionario, en la demanda la empresa aseguró haber entregado las pólizas el 15 de marzo de 2023, el mismo día en que se firmó el contrato. Sin embargo, la institución afianzadora informó oficialmente que dichos documentos fueron emitidos hasta el 11 de abril de 2023.
“Es materialmente imposible que se hubieran entregado en marzo si fueron emitidas en abril”, sostuvo García Barrientos al mostrar documentos y fechas durante la conferencia.
Los delitos que ahora investiga la Fiscalía
De acuerdo con la explicación oficial, esta discrepancia originó una investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por posibles delitos de falsedad en declaraciones y fraude procesal.
El funcionario insistió en que las investigaciones no surgieron por declaraciones públicas ni diferencias políticas, sino por hechos integrados en expedientes judiciales revisados por distintas autoridades.
El tema del supuesto arraigo que incendió las redes
Uno de los temas que más ruido generó en redes sociales fue la versión sobre un supuesto arraigo contra el empresario involucrado. Sobre ello, el consejero jurídico negó categóricamente que exista dicha medida cautelar.
Incluso, reveló que el pasado 3 de junio de 2026 el representante de la empresa acudió libremente a Palacio de Gobierno para sostener un encuentro relacionado con una posible conciliación solicitada por la propia defensa.
“Entró y salió libremente”, afirmó el funcionario al mostrar imágenes del empresario en las instalaciones gubernamentales.
La respuesta sobre presuntos “moches”
Durante la ronda de preguntas, García Barrientos también respondió a los señalamientos sobre presuntas exigencias de “moches” vinculadas al hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya.
El consejero aseguró que dentro de los expedientes judiciales no existe evidencia formal que respalde dichas acusaciones y enfatizó que una entrevista pública no sustituye las pruebas que deben presentarse ante tribunales.
“No existe persecución política”: Gobierno de Tamaulipas
Asimismo, negó que exista persecución política y sostuvo que fue la propia empresa la que originó el conflicto al presentar, presuntamente, información falsa dentro del procedimiento administrativo.
El Gobierno estatal aseguró que continuará atendiendo el caso por las vías legales y reiteró que las resoluciones finales corresponderán exclusivamente a las autoridades judiciales.
