Los expedientes derivados de la fiscalización de 2023 ya fueron turnados a instancias sancionadoras; la Auditoría mantiene bajo reserva los nombres de los organismos involucrados.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El rechazo legislativo a decenas de cuentas públicas de 2023 comienza a traducirse en acciones legales en Tamaulipas. La Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó que ya promovió nueve denuncias y procedimientos contra presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Francisco Noriega Orozco, titular del organismo fiscalizador, informó que los casos fueron remitidos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa, las instancias que deberán determinar si existen elementos para fincar responsabilidades penales o administrativas.
Aunque no identificó a los entes públicos ni a los exservidores públicos relacionados con los expedientes, explicó que las acciones forman parte del seguimiento a las revisiones financieras del ejercicio 2023. En diciembre de 2025, el Congreso estatal rechazó 91 informes de ingresos y egresos correspondientes a ese año.
El auditor destacó que los primeros procedimientos se promovieron alrededor de diez meses después de concluir la fiscalización. No obstante, el proceso no está cerrado: la dependencia continúa integrando casos de ejercicios anteriores y prepara una nueva entrega de resultados sobre el uso de recursos estatales y municipales.
La revisión también abarca administraciones con presupuestos elevados, cuyos movimientos financieros requieren análisis más amplios antes de establecer conclusiones. Para Noriega Orozco, la dimensión de una auditoría no debe medirse solamente por cuántas observaciones arroja, sino por la relevancia de las posibles irregularidades y el dinero comprometido.
Otro frente de supervisión son las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (Comapas), donde la ASE busca revisar el manejo de los ingresos propios y su relación con los servicios que reciben los usuarios.
En paralelo, el organismo fiscalizador confirmó que los expedientes relacionados con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y el Instituto del Deporte de Tamaulipas fueron enviados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que atienda las posibles responsabilidades administrativas.
Los nueve procedimientos representan una etapa de seguimiento legal, no una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los señalados. Será competencia de las autoridades receptoras valorar las pruebas y determinar, conforme a derecho, si corresponden sanciones o acciones penales.
