EN VISTO

Entre campaña y rezago judicial

Por Dora de la Cruz

Las y los diputados federales, aprobaron el dictamen de reforma judicial que plantea aplazar de 2027, a 2028, la elección del Poder Judicial; la discusión de los legisladores se centró en la propuesta de reelección, lo que permitiría a las personas juzgadoras, prolongar su permanencia en el cargo hasta por 17 años, una de las principales críticas, por las que el gobierno de Morena impulsó la reforma para que ministros y ministras, magistradas, magistrados, jueces y juezas, sean electos mediante el voto ciudadano.

La prolongación de la permanencia en los puestos políticos, alegan los críticos, genera redes de compadrazgo, amiguismo y nepotismo, que pueden derivar en actos de corrupción, dentro de estructuras construidas bajo esos esquemas. Ese fue uno de los principales reclamos que dieron paso a que el gobierno morenista, impulsara la reestructuración total del Poder Judicial, sometido al voto ciudadano. Aunque dentro de esta última iniciativa, existe un “candado”, que no está escrito en la ley, para evitar que se repitan las historias de corrupción del Poder Judicial que se dieron en la Era del PRI y del PAN y se llama, el voto ciudadano.

Con ello, existe la posibilidad de que juzgadores con prácticas inadecuadas no obtengan el respaldo en las urnas en alguna intención reeleccionista.

Esta iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, podría interpretarse también como un mecanismo para sacudir la primera elección de las y los integrantes del Poder Judicial mediante la reelección. Funcionaría como una vía para destituir a magistradas y magistrados que no hayan cumplido con sus funciones o que no hayan mostrado resultados en el ejercicio de su cargo.

Al profundizar en las modificaciones contenidas en la reforma judicial, eso se encuentra como un punto favorable de la iniciativa, porque parece que algunas magistradas, magistrados y juzgadores en general, no reflejan las expectativas de la ciudadanía, sobre el avance en la impartición de justicia; prometieron cuando llegaron, los y las que llegaron al Poder Judicial, que cambiarían las formas, para erradicar las viejas prácticas que tenían a un pueblo insatisfecho, que clamaba justicia.

Verdaderamente, algunos perfiles no han estado a la altura del cargo y, en la percepción pública, su actuación se ha centrado más en lo que parecería andar en una campaña política, que en la atención del rezago heredado.
A ello se suma que persisten deficiencias en la atención de los juicios de pensión alimenticia, que representan la principal causa de demanda en el estado. A un año de la llegada del nuevo Poder Judicial, los avances percibidos en estas materias aún no se nota.

Como tampoco se percibe se hayan satisfecho todas aquellas demandas que se enarbolaban cuando se animó la renovación total del aparato de justicia tamaulipeco. ¿Cuántos hechos de impunidad, de quiénes, por qué delitos, fueron impresos en las boletas que clamaban el regreso del imperio de la justicia ya se han remontado?
Los nombres y los expedientes siguen frescos en la memoria de los electores expectantes.

La ciudadanía ya identifica los rostros de las personas juzgadoras; una demanda recurrente en el pasado cuando se cuestionaba su desconocimiento público. Ahora, ya se conocen los rostros y nombres, los perfiles son más que visibles, tanto por su función como por su llegada al cargo. Sin embargo, también existe un mayor nivel de evaluación sobre cómo accedieron al Poder Judicial y su desempeño en el ejercicio del mismo, lo que podría reflejarse en las urnas en caso de que el Senado ratifique la iniciativa como la plantea el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena), que permitiría a magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en funciones, participar en la elección de 2028.

Ante la noticia de la reelección, algunas magistradas se muestran “halagadas”, sin embargo, no es porque quieran participar en el proceso para ejercer tal beneficio; parece que la mirada está puesta hacia el escenario de 2030, aún lejos, para el calendario electoral. En ese contexto, el tiempo permitirá observar con mayor claridad sus verdaderas aspiraciones y el sentido con el que llegan al Poder Judicial a través del voto.

La elección judicial es una y la de 2030 es otra, aunque en el debate público ambas agendas parecen entrelazarse; esto es bueno, porque parece que en las expectativas de la ciudadanía sobre el avance de la aplicación de la justicia, cuando llegaron los y las que llegaron al Poder Judicial, no todas ni todos han estado a la altura.