
La Secretaría Anticorrupción reporta 251 quejas y denuncias desde 2025, además de 222 servidores públicos sancionados y 31 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los indicadores sobre corrupción en trámites gubernamentales muestran una tendencia a la baja en Tamaulipas, mientras las autoridades estatales mantienen mecanismos de fiscalización y atención a las denuncias ciudadanas.
Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, señaló que las mediciones de impacto gubernamental realizadas por el INEGI colocan a Tamaulipas entre las entidades con menor tasa de víctimas de corrupción en los periodos evaluados, además de registrar una satisfacción promedio de 88 por ciento.
La funcionaria explicó que la dependencia mantiene seguimiento a la fiscalización y recibe quejas mediante plataformas digitales de control interno, además de aplicar auditorías de desempeño para transparentar los trámites y servicios de las dependencias estatales.
Desde 2025 y hasta la fecha, la Secretaría ha recibido 251 quejas y denuncias, de las cuales 70 por ciento corresponden al Poder Ejecutivo.
El resto involucra a organismos, entidades autónomas e incluso instancias federales que no son competencia estatal, pero cuyos reportes son canalizados a las autoridades correspondientes.
Pedraza Melo indicó que, tras revisar las denuncias y acreditar circunstancias de modo, tiempo y lugar, se han iniciado 19 expedientes de presunta responsabilidad administrativa, a los que se da seguimiento conforme a la legislación vigente.
Como parte de las acciones contra las irregularidades en el servicio público, informó que desde el inicio de la actual administración han sido sancionadas 222 personas servidoras públicas, de las cuales 80 corresponden a lo que va de este año.
Además, se han presentado 31 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) como resultado de las investigaciones realizadas por la dependencia.
La secretaria agregó que 86 expedientes relacionados con conductas consideradas graves fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa para continuar con los procedimientos correspondientes contra servidores públicos señalados por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.



