Dan oooootros seis meses para investigar a exsecretaria por caso SEBIEN
Por Daisy Verónica Herrera Medrano
La jueza concedió seis meses para la investigación complementaria en el caso de la exsecretaria de Bienestar Social acusada por contratos de 985.2 millones de pesos. La próxima audiencia fue programada para enero de 2027 y, aunque existe una orden de prisión preventiva justificada, continuará en libertad debido a un amparo de la justicia federal
Ciudad Victoria, Tamaulipas. La investigación contra la exsecretaria de Bienestar Social de la pasada administración estatal, identificada por petición de una jueza como “YAC” entró en una nueva etapa. Tras ser vinculada a proceso por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, la jueza Gloria Paloma Gómez de la Cruz otorgó seis meses de investigación complementaria, por lo que la siguiente audiencia quedó programada para enero de 2027.
La resolución prolonga uno de los procesos de corrupción más relevantes que enfrenta un exintegrante del anterior gobierno estatal, relacionado con la presunta autorización irregular de contratos por 985.2 millones de pesos para la compra de 2 millones 400 mil despensas del programa Bienestar Alimentario.
Permanecerá en libertad por protección de la justicia federal
Aunque en una audiencia previa la jueza impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar que existían elementos para restringir su libertad durante el proceso, la exfuncionaria no podrá ser encarcelada.
La razón es que mantiene vigente un amparo concedido por la justicia federal, el cual impide que esa medida cautelar sea ejecutada mientras se resuelve el juicio de garantías.
De esta forma, la exsecretaria continuará el proceso penal en libertad, pese a que la autoridad judicial local determinó previamente que debía permanecer en prisión preventiva.
Fiscalía y defensa prepararán nuevas pruebas
Durante la audiencia de este miércoles, la defensa presentó un informe contable para intentar desacreditar la acusación formulada por la Fiscalía Anticorrupción.
Los abogados sostuvieron que la exfuncionaria no adjudicó directamente los contratos y que las adquisiciones de despensas podían realizarse mediante un procedimiento excepcional previsto en la Ley de Adquisiciones, al tratarse de productos básicos.
La Fiscalía, por su parte, mantiene la acusación de que los contratos fueron autorizados sin licitación pública y de manera contraria a la normatividad aplicable.
Con los seis meses de investigación complementaria autorizados por la jueza, ambas partes tendrán oportunidad de incorporar nuevas pruebas antes de la audiencia intermedia prevista para enero de 2027, cuando el caso avanzará hacia una eventual etapa de juicio.
