EN TÉRMINOS COLOQUIALES
El tijeretazo a organismos autónomos
Por Alan Morales
En Tamaulipas, los diputados locales aprobaron ajustes al Presupuesto de Egresos del 2025, con un movimiento que generará opiniones encontradas: 826 millones de pesos originalmente destinados a organismos autónomos se redirigirán hacia programas sociales y proyectos de inversión.
Una decisión que, en papel, suena bien; pero que en la práctica suele significar lo de siempre: menos independencia y más centralización del gasto.
Mientras los organismos como el Instituto Electoral de Tamaulipas, la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia ven disminuidos sus recursos, Adriana Lozano defiende esta reasignación bajo el argumento de beneficiar directamente a la población.
Lo mismo ocurre con los ajustes al salario del fiscal, cuyo ingreso superaba incluso al del gobernador, violando las normas constitucionales.
El ajuste llega en un contexto nacional que no es menos polémico. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 tiene sus propias grietas estructurales.
A nivel federal, 80% del gasto se concentra en pensiones, programas sociales y pago de deuda, dejando apenas un reducido margen presupuestal para atender áreas críticas como salud, educación y medio ambiente. Incluso, la CONAGUA, enfrenta recortes de hasta 50%, en un país que sufre una crisis hídrica histórica.
No es casualidad que organismos autónomos y universidades sean los más afectados en los ajustes presupuestales, tanto en Tamaulipas como en el plano nacional.
Los números lo dicen claro: instituciones educativas como la UNAM, el IPN y la UAM, a nivel federal, vieron en la propuesta del PEF recortes severos bajo el pretexto de errores administrativos. ¿Error o estrategia?.
Si el presupuesto estatal quiere ser un ejercicio serio de desarrollo, deberían explicarse con claridad dos cosas: ¿qué tan efectiva será la inversión en programas sociales y proyectos de infraestructura? Y ¿cómo afectarán estos recortes la operación de los organismos?.
En Tamaulipas y en México, cortar presupuesto a los órganos que garantizan la legalidad y derechos ciudadanos suele tener un alto costo: menos vigilancia, menos transparencia y menos contrapesos.
La gran pregunta es si los tamaulipecos verán este ajuste reflejado en mejoras reales o si, al final del ejercicio, simplemente tendremos organismos y universidades más débiles.
