A más de un año de llegar a la Junta Especial Número 2, Edgar Ulises Ramos Azuara afirma que el laudo laboral a su favor sigue sin cumplirse por completo y que ha tenido que recurrir a amparos para exigir la ejecución de embargos y sanciones
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un laudo laboral que parecía estar en la recta final lleva más de un año atorado en la Junta Especial Número 2, de acuerdo con Edgar Ulises Ramos Azuara, quien asegura que todavía están pendientes embargos y sanciones dentro de un litigio que comenzó hace más de una década.
El conflicto laboral se remonta a 2014, cuando Ramos Azuara fue despedido de la Secretaría de Salud. Tras años de litigio, consiguió su reinstalación en mayo de 2024 en la Jurisdicción Sanitaria Número 12 de Altamira.
Sin embargo, el cumplimiento de las prestaciones económicas derivadas del laudo continúa pendiente.
¿Por qué el caso sigue detenido?
Ramos Azuara sostiene que la ejecución del laudo solamente ha avanzado después de que su defensa ha recurrido a tribunales federales mediante diversos juicios de amparo.
Según su versión, en agosto de 2025 su abogado pidió a la presidenta de la Junta Especial Número 2 dar trámite al requerimiento de pago y embargo dirigido a Banco Mercantil del Norte, pero la diligencia no se habría realizado oportunamente.
Ante esa situación, promovió un amparo.
En noviembre de 2025, la autoridad laboral informó al juzgado federal que el oficio correspondiente ya había sido enviado al banco.
Pero el procedimiento continuó acumulando pendientes.
Multa de casi 14 mil pesos sigue pendiente
Uno de los puntos señalados por Ramos Azuara es una multa de 13 mil 940 pesos contra la institución bancaria, derivada de un incumplimiento anterior.
De acuerdo con el afectado, esta sanción debe hacerse efectiva ante la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas.
Sin embargo, asegura que el trámite todavía no se concreta.
Además, afirma que existe una nueva sanción que podría aplicarse al banco por otro presunto incumplimiento dentro del procedimiento de embargo.
Banco tenía tres días para responder
Ramos Azuara explicó que el banco recibió un requerimiento relacionado con el embargo de recursos vinculados con el finiquito que reclama.
Al haber transcurrido, según su versión, el plazo de tres días sin que se produjera la respuesta esperada, sostiene que correspondería imponer una nueva multa equivalente a 100 veces el salario mínimo, conforme al procedimiento establecido en el expediente.
Un oficio fechado el 3 de julio contempla nuevamente un requerimiento a la institución bancaria y la posibilidad de aplicar otra sanción si no responde dentro del plazo establecido.
También cuestiona el embargo de cuentas
El afectado señala que la Junta tenía conocimiento de distintas cuentas bancarias susceptibles de embargo, pero asegura que inicialmente solamente se ordenó actuar sobre una de ellas.
Posteriormente, mediante los amparos promovidos ante tribunales federales, habría solicitado ampliar las medidas para garantizar el cumplimiento del laudo.
Para Ramos Azuara, el problema ya no se limita al comportamiento que atribuye al banco, sino a la falta de ejecución oportuna de las medidas que corresponden a la autoridad laboral.
La Junta reconoce actuaciones pendientes
Uno de los documentos más recientes corresponde a un acuerdo promovido el 27 de mayo de 2026 y contestado por la autoridad laboral el 26 de junio.
De acuerdo con la explicación de Ramos Azuara, en ese documento la funcionaria reconoce que algunas actuaciones todavía no se habían realizado y atribuye parte del retraso a la carga de trabajo existente en la Junta.
El señalamiento vuelve a colocar el caso en el centro de una discusión sobre los tiempos para ejecutar resoluciones laborales que ya fueron determinadas.
Un conflicto que comenzó en 2014
El caso de Edgar Ulises Ramos Azuara inició en septiembre de 2014 con su despido.
Después de una larga disputa laboral, logró ser reinstalado en mayo de 2024 en la Jurisdicción Sanitaria Número 12 de Altamira.
Pero diez años después del inicio del conflicto, todavía reclama el cumplimiento de diversas prestaciones derivadas del laudo.
Ramos Azuara considera que las demoras acumuladas afectan su derecho a una justicia laboral efectiva y cuestiona que haya tenido que recurrir en repetidas ocasiones al juicio de amparo para impulsar actuaciones dentro de un procedimiento que lleva años.
¿Qué sigue en el caso?
Por ahora, permanecen pendientes diversas actuaciones relacionadas con el embargo y la ejecución de sanciones.
Ramos Azuara espera que la Junta Especial Número 2 concrete las diligencias ordenadas y que el procedimiento avance hasta el cumplimiento de las prestaciones que reclama.
Hasta el momento, Daniela Karina López Garza, funcionaria señalada por el afectado, no ha emitido públicamente una postura respecto de los señalamientos formulados por Ramos Azuara.
Los señalamientos sobre retrasos, omisiones e incumplimientos corresponden a la versión de Edgar Ulises Ramos Azuara y a los documentos que refiere. La información se presenta como parte de su denuncia pública.
