Mientras la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum abre el debate sobre el acceso a cargos públicos, en la frontera tamaulipeca la doble nacionalidad es una condición común que podría cobrar relevancia rumbo a las elecciones de 2028
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La doble nacionalidad no será un obstáculo para competir por alcaldías o diputaciones en Tamaulipas en 2027, pese al debate que desató la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el acceso de personas con doble nacionalidad a determinados cargos públicos.
Así lo afirmó el diputado local de Morena, Isidro Vargas Fernández, quien sostuvo que las reglas actuales se mantienen para la próxima elección y que cualquier cambio tendría efectos en procesos posteriores.
La discusión tiene una dimensión particular en Tamaulipas, donde la doble nacionalidad está normalizada en municipios fronterizos y forma parte de la realidad de numerosas familias. Por ello, los alcances de una eventual restricción podrían abrir un debate sobre quiénes pueden aspirar a representar a esas comunidades.
“Para el 2027, todos los demás cargos, tanto diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, queda en los términos como están”, señaló Vargas Fernández.
La discusión apunta a 2028 y 2030
El legislador explicó que la reforma federal está planteada para aplicarse hacia el proceso electoral federal de 2030. En Tamaulipas, añadió, el tema tendría que revisarse con miras a la elección de gobernador de 2028.
Sin embargo, el alcance de las restricciones dependerá de los cargos contemplados y de las disposiciones que finalmente entren en vigor.
Vargas Fernández también descartó que el Congreso local pueda modificar las reglas para la elección de 2027, debido a los plazos legales. Explicó que las reformas electorales deben aprobarse al menos 90 días antes del inicio de la jornada electoral.
Por ahora, las candidaturas del próximo año se regirán por los requisitos vigentes. El debate sobre la doble nacionalidad quedaría pendiente para después de los comicios de 2027, cuando el Congreso pueda retomar la discusión de posibles cambios.
En un estado fronterizo donde la ciudadanía mexicana y estadounidense conviven en la vida cotidiana, la discusión no se limita a una cuestión jurídica: también pone sobre la mesa cómo se definirán los requisitos para ocupar cargos de representación popular.
